La Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN- A), a través de su red provincial EAPN Málaga, ha hecho públicos los datos referentes a la provincia de Málaga a partir del “XV Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030.”
El estudio confirma que Andalucía continúa siendo una de las comunidades con mayores niveles de pobreza y exclusión social del país. En 2024, el 35,6% de la población andaluza —alrededor de 3 millones de personas— se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, una cifra casi 10 puntos por encima de la media nacional (25,8%). Además, un 10,6% de la población andaluza sufre privación material y social severa, frente al 8,3% nacional que, unido a una tasa de pobreza del 29,2%, equivale a 2,5 millones de personas en situación de pobreza. Estos datos reflejan el impacto persistente del encarecimiento del coste de la vida, la inflación, la precariedad laboral y la crisis del acceso a la vivienda, factores que siguen afectando de forma desproporcionada a los hogares andaluces.
En el caso de Málaga, la situación reproduce y amplifica esta realidad. Aunque algunos indicadores muestran leves signos de mejora —como el descenso de la tasa de paro, que pasa del 16,04% en 2023 al 13,15% en el segundo trimestre de 2025—, siguen existiendo profundos desequilibrios en materia de vivienda, igualdad de género y calidad del empleo, lo que sostiene altos niveles desigualdad en cuánto a pobreza y exclusión social en la provincia. Un ejemplo especialmente significativo es el barrio de Palma-Palmilla, en la ciudad de Málaga, que figura entre los 15 más pobres de España, con una renta media anual de apenas 8.872,56€, según los últimos datos disponibles del año 2022.
El problema de la vivienda
La situación de la vivienda en la provincia de Málaga refleja con nitidez las tensiones estructurales en el acceso a un hogar digno y asequible. Según la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Málaga acumula 73.756 solicitudes de vivienda protegida en 2024, más del doble que el año anterior. Esta cifra, la tercera más alta de Andalucía, pone de relieve la creciente presión sobre el mercado de vivienda.
Los datos muestran una evolución desigual según el tipo de indicador. Por un lado, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias han disminuido de manera progresiva: de 429 en 2021 a 180 en 2024, lo que apunta a una cierta mejora en los mecanismos de protección residencial y a un cambio en las dinámicas de endeudamiento. Por otro lado, los desalojos vinculados al alquiler también presentan una tendencia descendente, aunque siguen siendo muy elevados en términos absolutos: tras un pico de 1.499 en 2021, la cifra se ha reducido hasta 933 en 2024, la más baja del periodo. Sin embargo, el escenario sigue siendo un mercado inmobiliario tensionado, alcanzando el valor de la vivienda libre los 2.614 €/m² en el primer trimestre de 2025, el más alto de Andalucía y muy por encima de la media nacional (2.033 €/m²), dificultando el acceso a la vivienda libre para la población residente, sobre todo en las zonas de costa. Asimismo, la presión del turismo es un factor determinante, solo en 2024 la provincia concentra más de 424.000 plazas en viviendas con fines turísticos, el 58,3% del total andaluz, lo que intensifica la expulsión de residentes locales del centro urbano y del litoral malagueño.
Reiteramos la urgencia de poner en marcha Planes de Vivienda efectivos y coordinados entre todas las administraciones públicas, con el objetivo de dar respuesta al grave problema habitacional que atraviesa Málaga. Es imprescindible incrementar la oferta de vivienda protegida, especialmente vivienda social destinada a las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo de exclusión social.
Género, empleo y desigualdad
La feminización de la precariedad laboral continúa siendo uno de los principales retos en Málaga. Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la brecha salarial alcanza el 17,7%, lo que supone 3.774€ anuales menos para las mujeres en comparación con los hombres. Además, el 49,5% de las mujeres ocupadas perciben ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y representan el 56% del colectivo mileurista. El empleo doméstico sigue estando altamente feminizado y precarizado, además las mujeres mayores de 44 años sin empleo anterior se consolidan como el grupo más afectado por el desempleo.
En paralelo, el mercado laboral muestra signos de mejora: la tasa de paro en Málaga se sitúa en 13,15% en el segundo trimestre de 2025, más de un punto y medio por debajo de la media andaluza (14,85%), aunque todavía por encima de la nacional (10,29%). Sin embargo, esta evolución no logra cerrar la brecha de género: el paro femenino alcanza el 14,55%, frente al 11,9% masculino.
La calidad del empleo sigue siendo una asignatura pendiente, en 2024 se firmaron más de 568.000 contratos, de los que solo el 46,44% fueron indefinidos. La contratación a tiempo parcial continúa recayendo en las mujeres (42,45% frente al 24,59% en los hombres), lo que perpetúa la desigualdad estructural en el acceso a condiciones laborales dignas. Es urgente garantizar empleo estable y de calidad, combatir la brecha salarial y reforzar las políticas de igualdad.
Más allá de la esfera laboral, los indicadores de violencia de género dibujan un escenario alarmante: Málaga lidera el número de víctimas mortales en Andalucía con 17 mujeres asesinadas entre 2020 y lo que llevamos de año, y más de 8.600 denuncias registradas en 2024. Reivindicamos la necesidad de seguir estableciendo políticas de protección y de denuncia para evitar la violencia de género.
Yolanda Florido, miembro de Junta Directiva de EAPN Andalucía ha destacado que “la solución ante las problemáticas que estamos sufriendo la provincia requiere de políticas públicas coordinadas que refuercen la protección social y garantice hoy más que nunca la igualdad, destacando dos aspectos relevantes: El primero, referido a la vivienda, que es el foco central de la pobreza en Málaga con precios tanto de alquiler y compra más alto de Andalucía y con una cifra récord de solicitudes de vivienda protegida; el segundo referido a la desigualdad de género existente en la provincia, con una brecha salarial del 17,7%, una alta precariedad laboral que nos afecta a las mujeres y lo peor de todo, con unos datos de violencia machista que sitúan a Málaga como la provincia Andaluza más afectada por femicidios.”
Migraciones y población extranjera
Málaga se consolida como la provincia andaluza con mayor población extranjera residente, alcanzando en 2024 las 328.513 personas, principalmente de origen europeo (191.663). Además, lidera el número de personas con certificado de registro o tarjeta de residencia (257.036 en 2024), cuatro veces más que Sevilla. Esta dinámica se refleja también en el saldo migratorio positivo (23.848 personas en 2023), que sitúa a Málaga como el principal polo de atracción poblacional de Andalucía. Este incremento constante plantea retos clave en materia de vivienda, movilidad y servicios públicos, que requieren de una planificación estratégica para garantizar la cohesión social y la sostenibilidad. Además, la provincia ha registrado un número relevante de delitos de odio, 63 en 2023, especialmente por orientación sexual, identidad de género y racismo. Exigimos unas políticas públicas que acompañen el crecimiento demográfico con más vivienda, servicios públicos accesibles y políticas efectivas de integración y convivencia.
Por todo ello, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, desde la red provincial de EAPN en Málaga consideramos que es imprescindible mantener e incrementar las políticas de protección social, con especial atención a vivienda y empleo. Los planes de acción deben estar coordinados entre las distintas administraciones públicas, incorporando medidas que fomenten la igualdad de género, la inclusión social y el acceso a servicios básicos, garantizando así la cohesión y sostenibilidad de la provincia a medio y largo plazo. Acabar con la pobreza es una cuestión de garantía de derechos para todas las personas.
Consulta el informe completo aquí.
