La pobreza sube en Andalucía con más de 3 millones de personas, según informe de EAPN-A

Un año más, Andalucía crece en el número de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social, ascendiendo en 2018 a más de tres millones, un 38,2% del total de la población según la tasa AROPE. Este es el principal dato que recoge el 8º Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía, publicado por la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A): Radiografía de la Pobreza en Andalucía 2019: La Pobreza olvidada, que se publica en el marco de la semana en la que se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Andalucía vuelve a incrementar un año más sus datos de pobreza, superando en 12 puntos la media estatal de la tasa AROPE, lo que la eleva a la segunda comunidad con mayor tasa, sólo superada por Extremadura. “75.000 personas más que el año pasado han entrado en riesgo de pobreza y exclusión, una situación que sigue empeorando año tras año, sacudiendo a los sectores más desfavorecidos” ha indicado Susana García, Vocal Junta directiva de EAPN-Andalucía, durante la presentación del informe anual. De hecho, el incremento en la tasa AROPE se debe al empeoramiento de la situación de las mujeres, cuya tasa crece casi dos puntos porcentuales mientras que la masculina se mantiene estable.

“Existe un claro empeoramiento de las condiciones de vida de las personas más pobres, expresado principalmente en el aumento de las tasas de pobreza severa y de la brecha de pobreza”, según manifiesta EAPN-A. El incremento de la desigualdad territorial en España, pone a Andalucía como una de las protagonistas en el más negativo de los sentidos, por arrojar los peores datos en múltiples parámetros de análisis, porque aunque algunos de estos datos mejoren en su valor absoluto, en gran parte de los casos siguen situándola en los primeros puestos del ranking de las regiones españolas. De esta forma, sólo Andalucía concentra más de una de cada cuatro personas en AROPE (26,3 % del total).

En el año 2018 la Tasa de pobreza severa en Andalucía es del 9,9%, cifra que es 4,2 puntos más elevada que la media nacional y la más alta de todas las comunidades autónomas. Los datos son muy concretos en la realidad del día a día, y este empobrecimiento se ve reflejado en la Privación Material Severa, que se fundamenta en cómo las condiciones de vida de las personas más pobres se recrudecen: “El crecimiento en el caso de las personas que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, es especialmente intenso, ya que se incrementa a más del doble y llega al 6,2%, cifra que es la más alta de la década”, remarca Susana García de EAPN-A. De esta forma, más de 670.000 personas, 235.000 más que el año pasado, viven en condiciones de Privación Material Severa.

La población que experimenta dificultades para llegar a fin de mes alcanza el 68,2%, incrementándose especialmente las situaciones más graves. Así, las personas que llegan a fin de mes con mucha dificultad han crecido 3,2 puntos hasta llegar al 17,4% y aquellas que llegan a fin de mes con dificultad crecen hasta el 22%. Los peores datos se recrudecen hacia los más desfavorecidos, algo más de 560.000 personas reciben una pensión cuyo importe es inferior al mínimo considerado para no ser pobre. Es decir, el 36,2% de todas las pensiones y, si se consideran solo las de viudedad, casi todas de mujeres, el 41,1%.

Además del primer bloque con datos de pobreza y exclusión social, el informe andaluz desgrana una panorámica de los ámbitos que necesitan un estudio más pormenorizado, cómo es el enfoque de género. La violencia de género es el máximo exponente de esta desigualdad, dónde Andalucía continúa liderando el ranking de comunidades autónomas con un mayor número de denuncias presentadas: 34.588 denuncias, obteniendo un ratio de víctimas del 26,1%.  Especial preocupación releva el incremento de víctimas mortales en Andalucía, ya que en 2018 fueron 12 las mujeres asesinadas, representando el 25,5% del total de las 47 mujeres asesinadas en España. Según fuentes del consejo general del poder judicial, a 30 de septiembre de 2018, Málaga se coloca como la provincia andaluza con mayor número de denuncias por violencia de género con un 24,7 por ciento del total.

 

En vivienda, el alza de los precios tanto de alquiler como de compra no es un reflejo de la mejoría económica de la población, los datos en este sector reflejan una subida de los precios tanto en la compra-venta como en los alquileres, produciéndose un cambio de tendencia al alza desde 2014. Se ha producido un aumento en los desalojos que se derivan del alquiler de una vivienda, alcanzando los 5.093 lanzamientos en 2018, cifra que ha ido creciendo progresivamente, demostrando la problemática que están tratando de visibilizar las entidades sociales que trabajan en este ámbito y que denuncian la existencia de una nueva burbuja del alquiler.

 

En el caso de la provincia de Málaga, la vivienda sigue constituyendo uno de los principales problemas al colocarse este territorio como el primero en ejecuciones hipotecarias, así como en lanzamientos por impago de alquiler, situación agravada por la proliferación de viviendas con fines turísticos. Málaga es la primera provincia andaluza con un mayor número de plazas destinadas a alquiler turístico con un aumento entre 2017 y 2018 de un 39,79 por ciento. Este dato contrasta con las solicitudes de vivienda protegida, que han registrado un aumento respecto a 2016 de un 84 por ciento, lo que sitúa a Málaga como la tercera provincia andaluza en número de solicitudes de este tipo de solución de habitabilidad. Estos y otros factores, como las dificultades para afrontar el pago de suministros básicos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de agua, luz, gas y comunidad, entre otros) se reflejan en un aumento del 12 por ciento respecto a 2017 de personas sin hogar que se atienden desde el recurso Puerto Única.

 

Otros de los ámbitos en los que debemos detenernos es en la infancia, ya que tener hijos e hijas es un importante factor de riesgo de pobreza: en el año 2018, el 16,9% de los hogares compuestos por dos adultos y sin niños/as dependientes están en riesgo de pobreza, sin embargo, en el mismo tipo de hogar, pero con niños/as dependientes, la tasa sube al 23,2%, es decir, más de seis puntos porcentuales, que suponen una diferencia del 37%.

 

En materia de empleo y pese a que las tasas de paro han sufrido una caída en los últimos años, las estadísticas muestran síntomas de pobreza laboral. Andalucía, con 20.061,85 euros de salario anual bruto, es la tercera comunidad autónoma con sueldos y salarios más bajos de toda España. El paro prolongado durante un año o más sigue a niveles muy superiores a los del estallido de la crisis, afectando en mayor medida a la población mayor de 55 a 64 años.

 

En cuanto a la situación del empleo en la provincia de Málaga, se sigue manteniendo la máxima de que, a día de hoy, tener un empleo no significa calidad de vida, una afirmación que afecta de manera especialmente grave a las mujeres que se constituye en el colectivo más vulnerable. La brecha salarial, lejos de disminuir, se ha incrementado unas décimas entre 2017 y 2018 pasando del 28,3 al 28,6 por ciento lo que supone pasar de cobrar 3.846 euros menos a 3.953. Esta situación del empleo y la brecha salarial convierte a las familias monomarentales –fundamentalmente- y monoparentales en especialmente vulnerables y aumenta el peligro de exclusión social de la población infantil que en Andalucía afecta al 34,8 por ciento de este colectivo.

Respecto a fiscalidad, a pesar del crecimiento del PIB, la comunidad andaluza se encuentra a la cola con 19.132€ per cápita frente a los 25.854€ de la media nacional. Si hace 10 años el PIB per cápita de Andalucía representaba el 77,7% de la media nacional, hoy día es un 74%.

Desde EAPN-A Málaga se demanda a todas las administraciones públicas una reforma de la Renta Mínima de Inserción que implique su refuerzo y una mayor agilidad en la gestión, la obligatoriedad de abordar una estrategia municipal de vivienda, pobreza energética y exclusión residencial, la implementación de políticas públicas específicas de inclusión sociolaboral a las personas con mayores dificultades de empleabilidad o precariedad laboral, no aplicar recortes en servicios fundamentales educativos y la obligatoriedad de reducir el número de mujeres víctimas de violencia de género así como medidas para incentivar a las empresas para reducir la brecha salarial por motivos de género.

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