Garantizar vivienda es garantizar derechos
Garantizar vivienda es garantizar derechos
Desde Asociación Arrabal-AID alzamos la voz ante una realidad que ya no puede tratarse como un problema coyuntural: el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales factores de pobreza y exclusión social.
En Málaga y Cádiz lo comprobamos cada día en el acompañamiento a personas y familias que, aun teniendo ingresos o empleo, encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda o mantenerla. La subida de los precios, la escasez de vivienda asequible y la precariedad económica están empujando a muchas personas a destinar una parte desproporcionada de sus recursos a algo tan básico como tener un hogar.
En Andalucía, el 34,7 % de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, cerca de tres millones de personas. El 27,7 % está en riesgo de pobreza y el 10,9 % vive en situación de carencia material y social severa. Más de la mitad de la población, el 55,1 %, reconoce tener algún grado de dificultad para llegar a fin de mes.
La vivienda está profundizando esa desigualdad. Las personas que viven de alquiler a precio de mercado presentan una tasa AROPE (indicador europeo que mide el porcentaje de la población en riesgo de pobreza o exclusión social) del 45,8 %, frente al 31,8 % de quienes viven en una vivienda en propiedad. Además, el 19,5 % de las personas que viven de alquiler se encuentra en pobreza severa, prácticamente el doble que entre quienes tienen una vivienda en propiedad, donde la tasa es del 10 %. La carencia material y social severa alcanza igualmente al 19,8 % de quienes viven de alquiler, frente al 8,4 % de las personas propietarias.
Tener empleo ya no garantiza poder acceder a una vivienda. Tener ingresos no garantiza poder mantenerla. Y sin estabilidad residencial resulta mucho más difícil sostener cualquier proceso de inclusión social y laboral.
Desde Arrabal defendemos que la vivienda debe abordarse como un derecho y no exclusivamente como un bien de mercado. No podemos hablar de igualdad de oportunidades mientras miles de personas tienen que elegir entre pagar el alquiler, llenar la nevera, afrontar un gasto imprevisto o mantener su vivienda en condiciones adecuadas.
Nuestra experiencia en Málaga y Cádiz nos muestra además cómo la falta de una vivienda estable condiciona prácticamente todas las dimensiones de la vida: dificulta encontrar o mantener un empleo, continuar una formación, cuidar la salud, sostener redes familiares y comunitarias y desarrollar un proyecto de vida autónomo. En situaciones de mayor vulnerabilidad, la falta de soluciones residenciales puede consolidar procesos de exclusión y cronificar el sinhogarismo.
Ningún proyecto de vida debería quedar condicionado por la imposibilidad de acceder a un hogar digno.
Por ello, reclamamos de manera urgente medidas estructurales que garanticen efectivamente el derecho a la vivienda: ampliar de forma decidida el parque público, social y asequible; proteger la vivienda pública como patrimonio permanente; reforzar las políticas de alquiler asequible; adoptar medidas frente a la especulación inmobiliaria y priorizar el uso residencial de la vivienda, limitando aquellas dinámicas que reducen la oferta destinada a residencia habitual; prevenir los desahucios y la pérdida de vivienda; aumentar los recursos frente al sinhogarismo; establecer mecanismos que prioricen a las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad; y asegurar una coordinación real entre las administraciones públicas y el Tercer Sector.
Defendemos también la necesidad de avanzar en medidas regulatorias que desincentiven el uso de viviendas con fines exclusivamente especulativos o turísticos cuando estos contribuyan a tensionar el mercado residencial, así como en políticas que permitan recuperar vivienda para el alquiler habitual y garantizar que el acceso a un hogar no quede determinado únicamente por la capacidad económica de cada persona.
También es necesario abordar las causas que están expulsando a muchas personas de sus barrios y municipios. Las políticas públicas deben priorizar la función residencial de la vivienda, garantizar que los recursos existentes respondan a las necesidades de la población y evitar que el acceso a un hogar dependa exclusivamente de la capacidad económica de cada persona.
Una sociedad más justa empieza por garantizar que nadie quede fuera del derecho a un hogar. Defender el derecho a la vivienda es defender la dignidad, la autonomía y la igualdad de oportunidades.