20 febrero: Día Mundial de la Justicia Social
En este día, la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados quiere denunciar las situación de muchas familias andaluzas
que no pueden llegar a final de mes por no tener una protección social que les garantice un a vida digna.
La Renta Mínima de Inclusión (RMI) Social, anunciada a bombo y platillo por la Junta de Andalucía para “acabar con la pobreza en nuestra comunidad”, es lo mismo que se viene haciendo desde 1999 con escaso resultado, como pone de manifiesto las denuncias realizadas por diversos colectivos y por el Defensor del Pueblo que encontramos en la hemeroteca. La actual legislación la ha convertido en una carrera de obstáculos humillante para las familias que la solicitan, transformándola en una renta de EXCLUSIÓN.
Son varias las razones que nos llevan a realizar esta afirmación:
La RMI no saca a las familias de la pobreza.
El umbral de la pobreza en Andalucía está en torno a 684€ para el 2018. La RMI está destinada a unidades familiares que dispongan de unos ingresos inferiores a 419,52 € (78% del IPREM) incrementando esta cantidad en 53,78€ por cada uno de los miembros de la familia.
La cantidad a percibir es lo que le corresponda menos los ingresos que tenga la familia. No puede ser inferior a 107,57€
El umbral andaluz de la pobreza está en torno a unos 684€ para 2018.
La Carta Social Europea dice que cada país debe garantizar prestaciones y rentas que no sean inferiores a esta cuantía, para que nadie viva por debajo del umbral de la pobreza. El Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge en su artículo 23.2, el derecho a recibir una renta básica que garantice unas «condiciones de vida digna».
No llega a todas las familias que la necesitan, ya que hay diseñado todo un conglomerado de trabas y obstáculos para que no puedan acceder a las ayudas. Se les exige numerosos requisitos a cumplir, numerosas condiciones familiares.
Lo que está provocando que a muchas familias se las denieguen y a otras se las disuada para no solicitarlas.
Es una renta de exclusión porque enfrenta a las familias a un difícil dilema:
o trabajo precario o renta.
Con los requisitos actuales se penaliza a las familias que encuentran un trabajo, aunque s ea de solo algunos días.
Esta renta debería ser individual y automática igual que los subsidios contributivos que una vez que la persona empleada queda en desempleo, el cobro es automático e individual y llega independientemente de su situación familiar.
La concesión de la renta lleva asociada un itinerario socio- laboralinvalidado por la escasa incidencia que ha tenido en décadas de aplicación. Además, exige un trabajo coordinado de las distintas administraciones para ofrecer salidas a cada un de las familias receptoras; coordinación que no se ha dado y que en la actualidad todavía no se ha puesto en marcha.
Se ha convertido en una renta de exclusión porque no hay respuesta, en la actualidad se están resolviendo las solicitudes con más de 10 meses de retraso.
Por los motivos expuestos concluimos:
Que esta medida tal y como está diseñada no es un instrumento válido para generar Justicia Social en Andalucía, ya que no genera un reparto justo y equitativo de los bienes y servicios básicos, para las pers onas empobrecidas de nuestra comunidad. Es necesario y urgente el fortalecimiento de una verdadera red de ingresos mínimos que cubran las necesidades sociales básicas de las familias andaluzas.
¡QUE SEA DELITO DEJAR A UNA FAMILIA SIN INGRESOS!
Asociación Andaluza de Barrios Ignorados
Febrero 2019
